Para agilizar inversiones y obras es necesario que se tramite la ley de consultas previas
Lilian Mariño Espinosa – lmarino@larepublica.com.co
Esta semana se da inicio al XIV Congreso de la Infraestructura, que convoca a más de 3.000 empresarios, y los ejes a tratar están encaminados a evidenciar que la infraestructura reinicia su locomotora, a que las empresas tienen soluciones para los problemas de corrupción y, tres, que empieza la etapa en la que los pequeños y medianos empresarios se vuelven protagonistas. En entrevista con LR, Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, explicó las metas a futuro y cuáles son los obstáculos a solucionar para seguir avanzando.
¿Cuáles son las metas que tienen con el Congreso?
La visita de más de 3.000 empresarios se da porque ven el esfuerzo que está haciendo el país, que tiene explicación en las decisiones del presidente Santos de dotar al sector de una institucionalidad fuerte, alejada de la politiquería, y crear un marco normativo que hiciera propicio el despliegue del sector. Ahora analizaremos algunos faltantes y uno es el que tiene que ver con las consultas previas a las comunidades. Ahora, sin prejuicios de los problemas, la locomotora sigue avanzando, se ha detenido un poco, ya que a raíz del escándalo de Odebrecht el sector financiero se alertó y nos han detenido cierres financieros, pero hay señales de que la locomotora va a recuperar su ritmo.
Hay mucha expectativa y oportunidades en cuanto a que los mandatarios locales ya van a mostrar en materia de obras lo que van a poner en marcha. Se evidenciará una serie de procesos de contratación y, por ejemplo, solo en Bogotá se contratará, según el alcalde Peñalosa, lo equivalente a dos veces lo que costó el Canal de Panamá. El rezago de los últimos 12 años se volvió una oportunidad.
¿Cómo va la ejecución del Plan de Transporte intermodal?
Ante la incertidumbre de cómo se conseguirán los ingresos para ejecutar esta hoja de ruta para los próximos 20 años en medio de un menor crecimiento y un ajuste fiscal, debemos adelantarnos. Es decir, los recursos llegarán en la medida en que la economía mejore, pero lo que hay que hacer es aprovechar este momento para hacer la preinversión: los estudios y diseños de los proyectos futuros. Por ejemplo en el Congreso entregaremos los estudios de la Carretera del siglo XXI, una vía de 1.500 kilómetros entre Buenaventura y Puerto Carreño.
Preocupa la ejecución, ¿cuándo veremos las obras?
Resultados hay. En los proyectos de cuarta generación se han adjudicado 31 por $53 billones. De esos, 20 son vías 4G y el resto iniciativas privadas. Lo interesante es que ya más de 60% tiene acta de inicio de obras y 21 están en construcción. La locomotora arrancó y hay algo que no se ha analizado, pero las obras están respaldadas por vigencias futuras, que si incluimos el metro, llegan a $100 billones. Estamos hipotecando a los próximos gobiernos para que las obras se hagan.
Aún hay muchos trámites, ¿cómo disminuirlos?
Lo ideal es que cuando la obra se licite estén resueltos los temas de adquisición de predios, interferencias de redes de servicios y que estén otorgados los permisos ambientales. Pero el Gobierno se dio cuenta de que si llegábamos a esa fórmula no habríamos arrancado a tiempo las concesiones. Entonces la Ley de Infraestructura dio unos primeros pasos y el proyecto de pliego tipo sugiere otros.
Ahora, hay algo que no está resuelto y que tenemos que solucionar en el corto plazo. No tenemos una ley de consultas previas. Y además a quien también le conviene esta ley es a las comunidades, porque hoy, la minería ilegal o la politiquería se disfraza de comunidad para chantajear y detener las obras.
En los últimos dos años hemos conocido del Ministerio del Interior siete proyectos en este sentido, por lo que hay que concertar con las comunidades, porque es una ley estatutaria. Pero llegó la hora de presentar y radicar en el Congreso ese proyecto que está haciendo falta.
El caso Odebrecht preocupó a las entidades financieras, ¿cómo darles confianza?
No es solo el caso Odebrecht, yo creo que este hecho opacó lo que está pasando en las regiones en contratación. Las cifras del Observatorio de la Cámara muestran que en los municipios más de 90% de los procesos contractuales conducen a únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios y en los departamentos eso equivale a más de 70%. Eso pasa porque aún hay resistencia para que se utilice el pliego tipo, que estandariza las condiciones habilitantes, y los criterios para calificar a la hora de adjudicar para evitar que se manipulen a favor de los oferentes. Y justamente en este momento se está discutiendo en la Cámara la posibilidad de que ese pliego sea obligatorio.
Esto solucionaría además el temor financiero, ya que en el proyecto se consagra un artículo que le da tranquilidad a los bancos en el sentido de que se protege a los terceros de buena fe, en caso que se dé una nulidad.
Si la Cámara no aprueba el proyecto estamos matando la posibilidad de miles de empresarios, pequeños y medianos, que no pueden acceder a la contratación porque está cooptada por corruptos.
Y ¿solucionaría el problema?
Lo que ha hecho Invías es la demostración de que sí se puede. Ellos contratan a través de un pliego tipo y a la fecha han contratado $9 billones sin un solo escándalo. Es la demostración de que el pliego tipo sirve para fomentar, no solo la pluralidad de oferentes, sino la democracia. En Invías se obtuvieron 50 propuestas en promedio en las grandes obras y 140 en promedio en las pequeñas y medianas donde están las Mipyme.
En institucionalidad, ¿qué retos hay?
La ANI se preparó muy bien para estructurar, licitar y adjudicar, ahora se tiene que preparar para administrar a esos contratos durante su larga vida; son unas concesiones que van a durar entre 25 y 30 años.
GUADUA Y BAMBU COLOMBIA 