Las claves para que las empresas colombianas ganen en sostenibilidad

Las empresas están llamadas a buscar la sostenibilidad mediante un manejo eficiente de los recursos naturales y de la energía

José González – jgonzalez@larepublica.com.co

El actual crecimiento demográfico y la alta explotación de recursos naturales han hecho que las empresas piensen en cómo mejorar sus procesos productivos para así generar un crecimiento sostenible, que sea amigable con el medio ambiente y la sociedad. Y aunque el desarrollo en ocasiones está relacionado con crecer en ventas e infraestructura, muchas compañías han repensado este planteamiento. Ahora su preocupación por aprovechar mejor las materias primas y el entorno son objetivos que lideran las políticas internas.

Actualmente, se prevé que en 20 años el crecimiento del stock de metros cuadrados se duplique. Esto resulta muy coherente, si se tiene presente que existe una estrecha correlación entre el crecimiento de las áreas construidas y el aumento en el tamaño de la población. En el caso colombiano, donde se observa que la población pasó de 44 millones en 2006 a unos 49 millones en 2016, dio como resultado la construcción de alrededor de 156 millones de metros cuadrados.

Adicional a esto, en las cifras presentadas por el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (Cccs), se puede observar que el entorno construido a nivel mundial es responsable de 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de 40% del uso de materiales y energía, y 20% del consumo de agua potable.

Así las cosas, las empresas están llamadas a buscar la sostenibilidad mediante un manejo eficiente de los recursos naturales y de la energía, que les permita a las compañías permanecer en el tiempo, optimizar sus recursos, mejorar su imagen e incrementar su productividad pero ¿cómo se puede obtener estas cualidades?

Esteban Gaviria, presidente de Leasing de Bancolombia, indicó que la posición corporativa a favor de la sostenibilidad y su convicción de mejorar los procesos en pro de la misma, quiere propagarse a sus clientes. Es por esto que brindan la oportunidad de embarcarse en la sostenibilidad desde cuatro diferentes frentes: fuentes no convencionales de energía renovable, gestión de la eficiente de la energía, construcción sostenible y producción más limpia.

Para conocer que frente se puede aplicar dentro de su empresa, Leasing Bancolombia hace un análisis en el que tienen en cuenta los procesos industriales, administrativos y operativos de la compañía, la forma en que se desarrollan y los costos asociados a cada uno de ellos.

“Una de las ventajas de trabajar con Leasing Bancolombia es precisamente esa, que contamos con un conocimiento importante sobre activos y podemos darle al cliente el mejor acompañamiento sobre esa variable. Nuestro propósito es que el empresario no se lance solo y sin la información suficiente en este tipo de proyectos sino que pueda contar con el acompañamiento necesario para encontrar soluciones que se acomoden a sus necesidades”, indicó Gaviria.

La legislación colombiana no es ajena en la búsqueda de mejorar los procesos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible. La Ley 1715 de 2014 regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Es por esto, que Leasing Verde de Bancolombia es una operación destinada a financiar proyectos sostenibles enfocados a la generación de energía por fuentes no convencionales de energía renovable (Fncer) eficiencia energética, producción más limpia y construcción sostenible.

Hasta el momento, Bancolombia ha logrado llevar a cabo 30 negocios, pero tienen 200 propuestas más en todo el país que buscan un camino más sostenible.

Leasing verde cuenta con varias líneas especiales: la línea verde, una apuesta del grupo Bancolombia para apoyar los procesos de eficiencia y sostenibilidad, las líneas de redescuento de la banca de segundo piso (Finagro, Bancóldex y Findeter) que cuentan con tasas muy competitivas, ajustadas a la situación de la compañía y a su actividad comercial o productiva.

Igualmente, Agroverde es la línea establecida para los empresarios vinculados en algún grado con el sector del agro, interesado en financiar proyectos de impacto positivo en el medio ambiente.

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/las-claves-para-que-las-empresas-ganen-en-sostenibilidad-2580182

Guadua: absurdo proyecto de ley Se abriría el camino para la desaparición de la guadua. Podría ser sustituida por cualquier cultivo.

30 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Que toda una senadora de la República, María del Rosario Guerra, quien, además, ha ostentado la condición de precandidata presidencial, sea la autora de un proyecto de ley en cuya parte dispositiva se invoca una ley que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano es insólito. Y más insólito aún resulta que la respectiva comisión constitucional y el Senado de la República en pleno hayan aprobado dicha iniciativa.

En efecto, el proyecto de ley número 43 de 2016, “por medio de la cual se incentivan la sostenibilidad ambiental y el uso productivo de la guadua, en la recuperación de la identidad y valores del paisaje cultural cafetero colombiano”, establece: “Artículo 4.º: Corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definir y promover la política de fomento, manejo y uso de guaduales naturales y de plantaciones de reforestación comercial de acuerdo con la Ley 1377 de 2010 (…)”.

En el sagrado recinto donde se elaboran las leyes aún no se han enterado de que desde el año 2011 dicha ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-685.

Si este proyecto finalmente se aprobara como ley, la norma caería muy pronto y de manera fácil por un vicio tan evidente. Pero esta columna no busca advertir sobre tamaño yerro para que durante el trámite que aún le resta a la iniciativa sea corregido y se evite así su segura caída

Conviene no hacer un oso internacional al pretender cambiar la naturaleza de la naturaleza por disposición del honorable Congreso de Colombia.

Es que, de todos modos, no tiene ninguna viabilidad, pues no solo falla gravemente en lo jurídico, sino también en lo técnico. Porque en el artículo 3.º del proyecto se ordena: “Clasificación. La guadua será un producto agropecuario (…)”. ¡Plop! Sería algo equivalente a ordenar por esta misma vía: “El café será un producto de la flora silvestre y, por tanto, le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) definir las políticas de su fomento, manejo y uso”. Absurdo.

El bambú (la guadua es un bambú) forma parte del concepto de “bosque”, de acuerdo con la definición mundialmente acordada, considerada preceptiva y utilizada en la elaboración de los informes nacionales, base de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales que realiza la FAO desde 1946. Conviene no hacer un oso internacional al pretender cambiar la naturaleza de la naturaleza por disposición del honorable Congreso de Colombia.

El proyecto de ley, visto como un todo, no tiene salvación porque este indefensable punto constituye su esencia y tiene por finalidad, no oculta por cierto, la de “zafarse” de la autoridad del Mads y de las corporaciones autónomas regionales, estas últimas, entidades ante las que deben presentarse las solicitudes y los planes para el manejo y aprovechamiento de los guaduales.

Para hacer aún más grave el error, se propone dizque trasladar esta competencia a los municipios, entes que no tienen ninguna experiencia ni preparación para tal función. Con ello se modificaría peligrosamente la Ley 99 de 1993 y se abriría el camino para la desaparición de la guadua, que, una vez catalogada como “producto agropecuario”, podría ser sustituida por cualquier cultivo y hasta por condominios campestres.

Cosa muy distinta es que deban hacerse, con el concurso de todos los actores involucrados, los ajustes reglamentarios e institucionales que se requieren para mejorar la gestión en este campo, en pos de garantizar la conservación y el uso sostenible de un recurso natural tan importante para el país por sus bondades como material para todo tipo de usos, por sus funciones de protección de suelos y aguas, por su contribución a la regulación del cambio climático y por su valor social, cultural y paisajístico.

JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ
* Profesor de Política Forestal y Gobernanza Forestal, Universidad Distrital

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Pliego tipo tranquilizará a bancos y abre la puerta a las Mipyme

Para agilizar inversiones y obras es necesario que se tramite la ley de consultas previas

Lilian Mariño Espinosa – lmarino@larepublica.com.co

 

Esta semana se da inicio al XIV Congreso de la Infraestructura, que convoca a más de 3.000 empresarios, y los ejes a tratar están encaminados a evidenciar que la infraestructura reinicia su locomotora, a que las empresas tienen soluciones para los problemas de corrupción y, tres, que empieza la etapa en la que los pequeños y medianos empresarios se vuelven protagonistas. En entrevista con LR, Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, explicó las metas a futuro y cuáles son los obstáculos a solucionar para seguir avanzando.

¿Cuáles son las metas que tienen con el Congreso?

La visita de más de 3.000 empresarios se da porque ven el esfuerzo que está haciendo el país, que tiene explicación en las decisiones del presidente Santos de dotar al sector de una institucionalidad fuerte, alejada de la politiquería, y crear un marco normativo que hiciera propicio el despliegue del sector. Ahora analizaremos algunos faltantes y uno es el que tiene que ver con las consultas previas a las comunidades. Ahora, sin prejuicios de los problemas, la locomotora sigue avanzando, se ha detenido un poco, ya que a raíz del escándalo de Odebrecht el sector financiero se alertó y nos han detenido cierres financieros, pero hay señales de que la locomotora va a recuperar su ritmo.

Hay mucha expectativa y oportunidades en cuanto a que los mandatarios locales ya van a mostrar en materia de obras lo que van a poner en marcha. Se evidenciará una serie de procesos de contratación y, por ejemplo, solo en Bogotá se contratará, según el alcalde Peñalosa, lo equivalente a dos veces lo que costó el Canal de Panamá. El rezago de los últimos 12 años se volvió una oportunidad.

¿Cómo va la ejecución del Plan de Transporte intermodal?

Ante la incertidumbre de cómo se conseguirán los ingresos para ejecutar esta hoja de ruta para los próximos 20 años en medio de un menor crecimiento y un ajuste fiscal, debemos adelantarnos. Es decir, los recursos llegarán en la medida en que la economía mejore, pero lo que hay que hacer es aprovechar este momento para hacer la preinversión: los estudios y diseños de los proyectos futuros. Por ejemplo en el Congreso entregaremos los estudios de la Carretera del siglo XXI, una vía de 1.500 kilómetros entre Buenaventura y Puerto Carreño.

Preocupa la ejecución, ¿cuándo veremos las obras?

Resultados hay. En los proyectos de cuarta generación se han adjudicado 31 por $53 billones. De esos, 20 son vías 4G y el resto iniciativas privadas. Lo interesante es que ya más de 60% tiene acta de inicio de obras y 21 están en construcción. La locomotora arrancó y hay algo que no se ha analizado, pero las obras están respaldadas por vigencias futuras, que si incluimos el metro, llegan a $100 billones. Estamos hipotecando a los próximos gobiernos para que las obras se hagan.

Aún hay muchos trámites, ¿cómo disminuirlos?

Lo ideal es que cuando la obra se licite estén resueltos los temas de adquisición de predios, interferencias de redes de servicios y que estén otorgados los permisos ambientales. Pero el Gobierno se dio cuenta de que si llegábamos a esa fórmula no habríamos arrancado a tiempo las concesiones. Entonces la Ley de Infraestructura dio unos primeros pasos y el proyecto de pliego tipo sugiere otros.

Ahora, hay algo que no está resuelto y que tenemos que solucionar en el corto plazo. No tenemos una ley de consultas previas. Y además a quien también le conviene esta ley es a las comunidades, porque hoy, la minería ilegal o la politiquería se disfraza de comunidad para chantajear y detener las obras.

En los últimos dos años hemos conocido del Ministerio del Interior siete proyectos en este sentido, por lo que hay que concertar con las comunidades, porque es una ley estatutaria. Pero llegó la hora de presentar y radicar en el Congreso ese proyecto que está haciendo falta.

El caso Odebrecht preocupó a las entidades financieras, ¿cómo darles confianza?

No es solo el caso Odebrecht, yo creo que este hecho opacó lo que está pasando en las regiones en contratación. Las cifras del Observatorio de la Cámara muestran que en los municipios más de 90% de los procesos contractuales conducen a únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios y en los departamentos eso equivale a más de 70%. Eso pasa porque aún hay resistencia para que se utilice el pliego tipo, que estandariza las condiciones habilitantes, y los criterios para calificar a la hora de adjudicar para evitar que se manipulen a favor de los oferentes. Y justamente en este momento se está discutiendo en la Cámara la posibilidad de que ese pliego sea obligatorio.

Esto solucionaría además el temor financiero, ya que en el proyecto se consagra un artículo que le da tranquilidad a los bancos en el sentido de que se protege a los terceros de buena fe, en caso que se dé una nulidad.

Si la Cámara no aprueba el proyecto estamos matando la posibilidad de miles de empresarios, pequeños y medianos, que no pueden acceder a la contratación porque está cooptada por corruptos.

Y ¿solucionaría el problema?

Lo que ha hecho Invías es la demostración de que sí se puede. Ellos contratan a través de un pliego tipo y a la fecha han contratado $9 billones sin un solo escándalo. Es la demostración de que el pliego tipo sirve para fomentar, no solo la pluralidad de oferentes, sino la democracia. En Invías se obtuvieron 50 propuestas en promedio en las grandes obras y 140 en promedio en las pequeñas y medianas donde están las Mipyme.

En institucionalidad, ¿qué retos hay?

La ANI se preparó muy bien para estructurar, licitar y adjudicar, ahora se tiene que preparar para administrar a esos contratos durante su larga vida; son unas concesiones que van a durar entre 25 y 30 años.

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